Siete años después de la solicitud de imputación, se ha dictado sentencia en primera instancia por el asunto vinculado a la compra de un piso en Montecarlo, en el número 14 del Boulevard Princesse Charlotte.
Los jueces de la cuarta sección colegiada, tras cerca de dos horas en despacho, condenaron al ex Presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Gianfranco Fini, a 2 años y 8 meses de prisión, y a su compañera Elisabetta Tulliani a 5 años.
El tribunal también condenó a Giancarlo Tulliani a seis años, a su padre Sergio a cinco años y a Rudolf Theodor Baetsen a ocho años y aceptó esencialmente la acusación de la Fiscalía de Roma, que acusaba a los cinco de blanqueo de dinero. Para Fini, presente en la sala, los magistrados impugnaron «la conducta relativa a la autorización de la venta del piso», excluyendo la circunstancia agravante y reconociendo atenuantes generales.
«No autoricé la venta de la casa de Montecarlo a una empresa vinculada a Giancarlo Tulliani. Cuando di el visto bueno no sabía quién era el comprador”, comentó el ex presidente de la Cámara de Diputados al abandonar la sedejudicial de la capital, y añadió: Me voy más sereno de lo que se podría pensar después de siete años de proceso. Me recuerdo a mí mismo que por un asunto similar la Fiscalía de Roma presentó una querella contra mí. Después de tanta palabrería, después de tanta polémica, de tantas acusaciones, de tanta denigración desde el punto de vista político, ¿soy responsable de qué? De haber autorizado la venta. No me queda claro en qué consiste el delito.
La defensa del ex parlamentario anunció el recurso, alegando que el tribunal había reconocido una especie de complicidad moral en la actividad ilegal que se le imputaba. La acusación prevista en el artículo 648 bis del código penal fue el único caso impugnado en el juicio después de que los jueces declararan prescrita la asociación criminal, un delito que implicaba a otros acusados pero no a Fini, en la vista del 29 de febrero. La prescripción estaba vinculada a la exclusión de la circunstancia agravante de transnacionalidad. En el transcurso del proceso intervino también la pareja de Fini, que en el curso de unas breves declaraciones espontáneas había trasladado de hecho la culpa a su hermano Giancarlo.
Oculté a Fini el deseo de mi hermano de comprar la casa de Montecarlo. Nunca le dije a Fini el origen de ese dinero, que estaba convencida de que era de mi hermano, declaró la mujer visiblemente emocionada durante el proceso del 18 de marzo. El comportamiento sin escrúpulos de mi hermano representa una de las mayores decepciones de mi vida. Inicialmente, en el juicio también figuraban como acusados otros cargos, entre ellos Francesco Corallo y el parlamentario Amedeo Laboccetta, para quienes se mantuvo la prescripción. Según la acusación inicial de los fiscales, los miembros de la asociación criminal blanquearon cientos de millones de euros evadiendo impuestos.
Ese río de dinero, una vez saneado, fue utilizado por Corallo para actividades económicas y financieras, pero también, según dicen los investigadores, en operaciones inmobiliarias en las que estaban implicados miembros de la familia Tulliani. Por ello, las pesquisas de la Fiscalía se referían también al piso del bulevar Principesse Charlotte, que acabó en poder de Giancarlo Tulliani, que actualmente vive en Dubai como prófugo. El piso monegasco, según las averiguaciones, fue comprado por Tulliani hijo gracias al dinero de Corallo a través de dos sociedades (Printemps y Timara) creadas ad hoc.
La implicación de Fini en la investigación está vinculada a su relación con Corallo. Una relación, según la fiscalía, que estaría en la base del patrimonio de los Tulliani. Según los investigadores, estos últimos habrían recibido en sus cuentas corrientes grandes sumas de dinero rastreables hasta Corallo y destinadas a las operaciones económico-financieras del empresario en Italia, los Países Bajos, las Antillas Neerlandesas y el Principado de Mónaco.
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