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Venezuela
Un terremoto puede derribar edificios. También puede arrancarle el decorado a un gobierno. En Venezuela hizo ambas cosas: convirtió barrios enteros de La Guaira en montañas de hormigón y dejó al descubierto una estructura política que ya estaba agrietada mucho antes de que temblara la tierra.
Las cifras oficiales hablan de más de 5.500 muertos, 16.700 heridos y decenas de miles de edificios dañados o destruidos. Pero ninguna estadística alcanza a describir el olor de los cuerpos atrapados, las manos desnudas buscando entre los escombros ni la obscenidad de un Estado que dispone de miles de policías y militares, pero obliga a los vecinos a excavar con palas.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez abrió las puertas a organizaciones humanitarias, tropas estadounidenses y periodistas extranjeros. Condecoró perros de rescate, recibió delegaciones y ensayó una cordialidad internacional desconocida durante los años del chavismo más hermético. La tragedia exigía auxilio y el régimen, esta vez, comprendió que la soberbia no levanta paredes.
Pero bastó que aparecieran preguntas incómodas para que regresara el viejo libreto. Rodríguez denunció la “politización” del desastre; Diosdado Cabello volvió a descubrir propagandistas enemigos detrás de cada crítica. Cambiaron las circunstancias, pero no el reflejo: cuando falla el gobierno, la culpa siempre pertenece a quien lo señala.
El terremoto podría convertirse en el “momento Malvinas” del actual poder venezolano. La comparación no está en la naturaleza de los acontecimientos, sino en su efecto político: así como la guerra de 1982 expuso ante los argentinos la incompetencia y las mentiras de la dictadura militar, la devastación de La Guaira exhibe ante los venezolanos la fragilidad de un aparato que llevaba años presumiendo de omnipotente.
La diferencia es que el régimen de Rodríguez no parece sostenerse solamente por sus propias fuerzas. También cuenta con una paradoja monumental: el gobierno de Donald Trump, que capturó a Nicolás Maduro y prometió conducir a Venezuela hacia una nueva etapa, terminó respaldando a buena parte del mismo elenco que administraba el país bajo el mandatario depuesto.
Diosdado Cabello continúa en el poder y, al mismo tiempo, figura entre los buscados por Estados Unidos. Generales norteamericanos le estrechan la mano. Funcionarios de Washington elogian la respuesta gubernamental. Los antiguos adversarios ahora comparten fotografías, contratos y silencios. La revolución no fue reemplazada por una democracia: fue colocada bajo nueva gerencia.
Los ingresos petroleros venezolanos pasan por manos estadounidenses antes de regresar —cuando regresan y en la proporción que corresponda— a Caracas. Marco Rubio interviene en nombramientos, detenciones y decisiones políticas. Washington controla la caja; Rodríguez conserva el mostrador; el ciudadano venezolano sigue pagando la cuenta.
Puede llamárselo transición, tutela, administración provisional o cooperación estratégica. Pero cuando un país extranjero controla los ingresos, condiciona los nombramientos, decide quién puede regresar y aparta de las negociaciones a la dirigente opositora con mayor respaldo popular, la palabra soberanía empieza a necesitar comillas.
María Corina Machado quedó fuera de las conversaciones mientras Estados Unidos negocia con quienes todavía mantienen presos políticos. Es una curiosa manera de promover la democracia: se margina a la oposición más votada y se conversa con los carceleros en nombre de la libertad de los encarcelados.
Se comprende que muchos venezolanos acepten incluso la fantasía de convertirse en el estado número 51. No es amor repentino por las barras y las estrellas. Es cansancio. Después de décadas de corrupción, inflación, persecución y promesas rotas, hasta un administrador extranjero puede parecer preferible a los propietarios habituales del desastre.
Pero la desesperación no convierte una intervención en democracia. Que buena parte de la población tolere el tutelaje estadounidense no otorga a Washington el derecho de reemplazar una dictadura incómoda por un protectorado rentable.
Trump prometió liberar Venezuela y parece haber descubierto algo más conveniente: conservar el aparato, disciplinar a sus administradores y controlar el petróleo. Maduro está preso, pero muchos de sus hombres continúan sentados en los mismos despachos. La bandera venezolana sigue ondeando; la caja, en cambio, tiene interventor.
Entre los escombros de La Guaira no solamente se buscan cadáveres. También se buscan las promesas de enero, la transición anunciada y aquella democracia que debía llegar detrás de los soldados estadounidenses.
Hasta ahora, sólo apareció el petróleo.
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