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Paris
Hay renuncias que llegan por convicción, otras por agotamiento y algunas que poseen un sentido de la oportunidad digno de la relojería suiza. La de Santiago María Guillermo Adolfo Muzio, director de la Casa Argentina en París, pertenece —por lo menos en apariencia— a esta última categoría.
Su salida se produce pocos días antes de la llegada del presidente Javier Milei a Francia, después de meses de denuncias, protestas, cartas públicas, reclamos académicos y una creciente incomodidad que ya había atravesado los muros de la residencia para convertirse en asunto diplomático.
Demasiado ruido para una casa cuya principal misión era bastante menos épica: alojar estudiantes, investigadores y artistas y permitirles estudiar en paz.
La Casa Argentina forma parte de la Cité Internationale Universitaire de París, una institución nacida después de la Primera Guerra Mundial con una idea casi ingenuamente hermosa: reunir jóvenes de diferentes países para que el conocimiento y la convivencia hicieran aquello que los gobiernos europeos habían demostrado hacer bastante mal.
Muzio, sin embargo, llegó con otra concepción.
Una de sus primeras controversias fue negarse a firmar la Carta de Valores que suscriben los directores de las residencias y que establece principios de respeto a los derechos humanos, la vida privada y la no discriminación. Según explicó posteriormente, algunas de esas disposiciones chocaban con sus convicciones y con la línea política que atribuía al Gobierno argentino.
Aquí aparece el primer problema.
Un funcionario puede ser católico, ateo, conservador, progresista, liberal, vegetariano o devoto de San Lorenzo. Lo que no puede hacer es confundir sus convicciones personales con el reglamento de una institución pública que administra en nombre del Estado.
Porque la Casa Argentina no era la casa de Muzio.
Tampoco era la casa de Milei.
Ni la casa de la izquierda, ni de la derecha, ni de los llamados woke, ni de quienes dedican buena parte de su existencia a combatirlos.
Era —y sigue siendo— la Casa Argentina.
Las denuncias fueron acumulándose. Residentes hablaron de vigilancia, restricciones, miedo y discriminación ideológica. Más de mil académicos, escritores y artistas reclamaron públicamente la salida del director y solicitaron además una auditoría administrativa, contable y técnica ante dudas planteadas sobre reformas y utilización de fondos.
Son acusaciones que deberán probarse donde corresponda. Conviene decirlo claramente: una denuncia no es una sentencia.
Pero mil firmas tampoco son una corriente de aire.
Mucho más delicado fue el episodio de la placa dedicada a los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. Su retiro desató una tormenta que trascendió ampliamente la discusión sobre una pieza colocada en una pared. Después, varios residentes argentinos que habían participado en actividades por el Día de la Memoria terminaron fuera de la Casa y debieron ser acogidos por otras residencias de la Cité.
Los afectados hablaron de persecución política.
La dirección sostuvo otros argumentos.
Y la Casa que debía producir intercambio académico terminó produciendo expedientes.
Hay una ironía particularmente sabrosa en todo esto. Un Gobierno que convirtió la palabra libertad en bandera política terminó teniendo que gestionar una controversia internacional provocada, precisamente, por personas que denunciaban no sentirse libres dentro de una institución argentina.
La libertad posee esas malas costumbres.
Cuando se la invoca, después pretende ser utilizada también por los demás.
A la polémica interna se agregó otro ingrediente mucho más delicado: reuniones y actividades vinculadas con sectores de la derecha radical europea. Muzio nunca ocultó sus propias relaciones intelectuales y políticas. Había dirigido en Madrid una sede del ISSEP, institución fundada por Marion Maréchal, figura de la ultraderecha francesa.
Nada de eso constituye por sí mismo un delito. Tampoco debería convertirse la expresión política conservadora en una actividad clandestina. La libertad de expresión que se reclama para unos debe existir también para los otros.
El interrogante es diferente.
¿Debe una residencia universitaria dependiente del Estado argentino convertirse en plataforma para actividades políticas capaces de intervenir —aunque sea indirectamente— en el debate interno del país anfitrión?
Ahí deja de discutirse ideología.
Y empieza a discutirse diplomacia.
El Ayuntamiento de París pidió que la situación fuese investigada. Responsables de la Cité Universitaire manifestaron públicamente su preocupación. Directores de otras residencias comenzaron a preguntarse si podían enviar estudiantes a la Casa Argentina dentro del sistema de intercambio entre edificios.
Cuando una residencia universitaria consigue inquietar estudiantes, académicos, administradores, legisladores y autoridades municipales al mismo tiempo, probablemente el problema ya no sea una conspiración de izquierdistas particularmente bien organizada.
Probablemente haya un problema.
Y entonces llegó septiembre.
Milei prepara su visita a Francia. París observa. La controversia crece. Los medios franceses preguntan. Y Santiago Muzio presenta —o le presentan— la puerta de salida.
Marcelo Balsells, antiguo director de la Casa, considera que el calendario no es casual.
No podemos saberlo.
Tal vez después de tantos meses el Gobierno argentino experimentó una repentina vocación por la tranquilidad universitaria.
También puede ser.
Los milagros administrativos existen.
Generalmente ocurren antes de que aterrice el Presidente.
El reemplazante anunciado, Alfredo Mario Soto, profesor universitario y especialista en Derecho Internacional Privado, heredará algo bastante más complicado que un edificio con habitaciones: recibirá una institución cuya confianza interna y externa necesita ser reconstruida.
Y ese debería ser ahora el verdadero asunto.
No determinar si la Casa debe ser de derecha o de izquierda.
Sino recordar que no debe ser de ninguna de las dos.
Argentina posee suficientes comités políticos, unidades básicas, fundaciones ideológicas, clubes doctrinarios y tertulias para discutir hasta el amanecer quién salvará Occidente.
No necesita convertir una residencia de estudiantes en otra trinchera.
Mucho menos en París.
La Casa Argentina fue inaugurada en 1928. Por sus habitaciones pasó gente que después escribió, investigó, enseñó, pintó y discutió ideas. Julio Cortázar estuvo entre quienes habitaron ese universo. No parece demasiado pedir que quienes lleguen ahora puedan hacer exactamente lo mismo sin necesidad de presentar, junto con el pasaporte y la matrícula universitaria, un certificado de buena conducta ideológica.
Santiago Muzio se marcha.
La placa puede volver a colocarse. Las cuentas pueden auditarse. Los reglamentos pueden revisarse. Las responsabilidades, si existen, deberán establecerse.
Pero queda una pregunta bastante más incómoda que el nombre del director saliente:
¿cómo pudo una institución del Estado argentino permanecer durante tanto tiempo en semejante situación sin que Buenos Aires considerara urgente intervenir?
Porque si Muzio actuó correctamente, el Gobierno debió defenderlo.
Si actuó incorrectamente, debió removerlo.
Y si durante meses prefirió mirar hacia otro lado hasta que apareció en el horizonte el avión presidencial rumbo a París, entonces tenemos una tercera posibilidad.
Y esa, querido lector, ya no habla de Muzio.
Habla del Gobierno.
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