Hay países donde una crisis de gobierno comienza con un escándalo parlamentario. En España, el drama político ha encontrado un rostro mucho más incómodo: el de una mujer de 87 años que había vivido más de siete décadas en su vivienda y terminó expulsada de ella.
María del Carmen Abascal, conocida popularmente como Maricarmen, no necesitó fundar un partido, organizar una manifestación ni pronunciar un discurso para convertirse en símbolo político. Le bastó perder su casa. Su muerte, después del desalojo y de una hospitalización, terminó de transformar una desgracia individual en una acusación colectiva contra un sistema que parece haber olvidado para qué sirven las viviendas.
Porque una casa, aunque algunos mercados financieros parezcan ignorarlo, fue inventada para vivir dentro. No exclusivamente para multiplicar balances, alimentar fondos de inversión o decorar estadísticas de crecimiento.
La historia de Maricarmen ha colocado al presidente Pedro Sánchez ante una oportunidad política y una pregunta moral. La oportunidad consiste en trasladar el debate electoral hacia la emergencia habitacional. La pregunta es bastante menos cómoda: después de más de ocho años en el poder, ¿cómo se llegó a semejante situación?
El problema no nació ayer, ni puede atribuirse exclusivamente al actual Gobierno. España arrastra las consecuencias de una construcción insuficiente, una planificación urbanística lenta, un parque de viviendas sociales reducido y un mercado del alquiler sometido a presiones crecientes. Pero los problemas heredados no conceden inmunidad perpetua a quienes llevan años administrándolos.
Según las estimaciones recogidas en la información que sirve de base a este editorial, el déficit habitacional español ronda las 750.000 viviendas y podría alcanzar el millón hacia 2028. Entretanto, los precios habrían aumentado un 26 por ciento en apenas dos años.
Hay una curiosa contradicción en las sociedades modernas: disponen de tecnología para explorar Marte, pero encuentran dificultades extraordinarias para conseguir que un trabajador pueda alquilar un departamento cerca de su empleo.
Y mientras Madrid discute alquileres, Ceuta recuerda que España también tiene fronteras.
La ciudad autónoma, situada en territorio africano, se ha convertido en escenario de una crisis migratoria que la oposición considera una demostración de las debilidades del Gobierno. Las cifras sobre las personas que permanecen allí difieren considerablemente según las fuentes oficiales, las autoridades locales y los representantes policiales.
Esa disparidad no es un detalle menor. Cuando los números se convierten en munición electoral, la primera víctima suele ser la precisión.
Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular, reclama controles fronterizos más estrictos, procedimientos de devolución y una revisión profunda de la política migratoria. Santiago Abascal, líder de Vox, va más lejos y propone dar preferencia nacional y promover la llamada remigración.
Pedro Sánchez, por su parte, defiende una política de regularización migratoria que considera compatible con las necesidades económicas y demográficas del país.
Aquí comienza una discusión que merece bastante más inteligencia que una colección de consignas.
España necesita trabajadores. Su población envejece, numerosos sectores productivos dependen de mano de obra extranjera y la inmigración contribuye al crecimiento económico. Negarlo sería tan absurdo como sostener que una economía puede funcionar únicamente con jubilados, turistas y discursos ministeriales.
Pero también necesita viviendas, hospitales, escuelas, transportes y servicios públicos capaces de acompañar el crecimiento de su población.
La inmigración no inventó la escasez de viviendas españolas. La construcción insuficiente, la especulación, los alquileres turísticos y décadas de decisiones urbanísticas tienen responsabilidades propias. Sin embargo, tampoco sería serio negar que un aumento rápido de la población incrementa la demanda habitacional.
La cuestión no consiste en elegir entre humanidad y administración. Consiste precisamente en demostrar que un Estado puede ejercer ambas.
Un inmigrante no es culpable de que falten viviendas. Un ciudadano español tampoco está obligado a fingir que no existen dificultades cuando su salario ya no alcanza para alquilar una habitación.
Convertir a los primeros en responsables universales de los problemas nacionales resulta políticamente tentador. Descalificar automáticamente a los segundos cuando expresan preocupaciones legítimas tampoco constituye una respuesta inteligente.
La convivencia requiere derechos, obligaciones y capacidad de gestión. Ninguno de esos tres elementos puede reemplazarse con una conferencia de prensa.
En Ceuta, los testimonios recogidos describen preocupación vecinal, saturación de recursos y temor ante nuevos movimientos migratorios. También aparecen personas recién llegadas que buscan refugio, trabajo y una oportunidad de reconstruir sus vidas.
Ambas realidades merecen atención. La angustia de los residentes no desaparece porque alguien la considere políticamente inconveniente. Y la dignidad de los migrantes tampoco se extingue al cruzar una frontera sin documentación.
Mientras tanto, la visita prevista de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla añade otra dimensión al conflicto: la soberanía española sobre ambas ciudades, cuestionada por Marruecos.
La Corona puede representar la presencia del Estado. Pero ninguna visita protocolaria, por solemne que sea, sustituye una política fronteriza eficaz ni una administración capaz de responder a sus habitantes.
El Gobierno propone ampliar las protecciones frente a los desalojos, limitar determinadas operaciones especulativas y reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler. La oposición advierte que algunas de esas medidas podrían desalentar la oferta privada y terminar agravando la escasez.
Las dos posiciones contienen preguntas que merecen respuestas concretas.
Proteger a un inquilino vulnerable es una obligación social. Pero también resulta necesario garantizar reglas previsibles para quienes ofrecen viviendas en alquiler. Sin oferta suficiente, cualquier legislación corre el riesgo de administrar la escasez en lugar de resolverla.
Y allí aparece el verdadero examen de la política: construir, facilitar, financiar, controlar y ejecutar. Verbos mucho menos espectaculares que denunciar, prometer o acusar, pero infinitamente más útiles.
La convocatoria electoral del 29 de noviembre, según el escenario presentado por la información de origen, encuentra a España atravesada por dos preocupaciones que no deberían enfrentarse artificialmente: el acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración.
Sánchez pretende que los ciudadanos voten pensando en Maricarmen. Sus adversarios quieren que lo hagan pensando en Ceuta.
Quizá los españoles tengan derecho a pensar en ambas.
Porque una nación no demuestra su grandeza únicamente protegiendo sus fronteras, ni exclusivamente proclamando su solidaridad. También debe ser capaz de ofrecer condiciones razonables para que quienes viven y trabajan en ella puedan construir un futuro.
Maricarmen pasó más de setenta años bajo un mismo techo. No reclamaba un privilegio extraordinario. Reclamaba, sencillamente, no perder el lugar donde había transcurrido casi toda su vida.
Su historia merece algo mejor que convertirse en un cartel electoral.
Si la política española consigue discutir seriamente cómo construir viviendas, administrar sus fronteras y proteger la dignidad humana, su muerte habrá dejado al menos una enseñanza.
Pero si termina reducida a una disputa por porcentajes, eslóganes y fotografías de campaña, habrá ocurrido una segunda expulsión.
La primera fue de su casa.
La segunda, de la memoria de quienes dicen representarla.
Y para esa última injusticia no existe decreto de alquiler que alcance.
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Fuentes consultadas: Reuters, Associated Press, RTVE, Boletín Oficial del Estado y Presidencia del Gobierno de España. La convocatoria electoral del 29 de noviembre está confirmada oficialmente.