Política viene de pólis. Parece una obviedad de diccionario, pero conviene recordarla de vez en cuando, especialmente cuando la política empieza a comportarse como si la palabra hubiese nacido en un estudio de televisión, una consultora electoral o una cuenta de redes sociales.
Para los griegos, la pólis no era solamente un conjunto de edificios rodeados por una muralla. Era la comunidad. Allí estaban los ciudadanos, los conflictos, los intereses contrapuestos, las obligaciones y aquella complicada tarea —que todavía no hemos conseguido simplificar— de convivir con los demás.
De allí politikós. De allí tà politiká: los asuntos de la ciudad, es decir, los asuntos de todos.
Pasaron más de dos mil años, cambiaron los imperios, aparecieron los Estados modernos, las constituciones, los partidos, las elecciones, la televisión, Internet y ahora la Inteligencia Artificial. Pero la pregunta esencial continúa intacta: ¿qué debe hacer la política frente a aquello que modifica la vida de la comunidad?
Victoria Villarruel, vicepresidente argentina, llevó esa pregunta al XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en Madrid, precisamente en una reunión cuyo temario oficial incluyó el impacto de la Inteligencia Artificial sobre nuestras sociedades.
Y eligió colocar una palabra antigua delante de una tecnología novísima: trabajo.
Sostuvo que el debate sobre la Inteligencia Artificial no puede reducirse a una cuestión técnica y reclamó colocar a la persona que trabaja en el centro de la innovación. Después agregó tres palabras que, pronunciadas juntas en la Argentina contemporánea, alcanzan para iniciar una discusión de sobremesa de varias horas: desarrollo, producción y trabajo.
No terminó allí.
Villarruel reclamó programas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas y políticas públicas destinadas al arraigo federal y la industrialización. Al mismo tiempo, rechazó el subsidio permanente como sustituto del empleo y defendió al trabajo como fuente de dignidad personal y familiar.
Naturalmente, buena parte de la lectura periodística argentina encontró inmediatamente el condimento doméstico: “Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno”.
Puede ser una lectura. No necesariamente debe ser la única.
Porque convertir cada frase pronunciada por la vicepresidenta en otro episodio del divorcio político con Javier Milei corre el riesgo de hacer desaparecer aquello que realmente dijo. Y lo que dijo merece ser discutido por su contenido, independientemente de quién ocupe el sillón presidencial y quién presida el Senado.
¿Debe intervenir el Estado para amortiguar los efectos de una revolución tecnológica sobre el empleo?
¿Debe proteger o acompañar a las pequeñas empresas durante esa transformación?
¿Industrializar sigue siendo un objetivo estratégico?
¿Hasta dónde debe llegar esa intervención sin convertirse en proteccionismo improductivo, gasto permanente o refugio de empresas incapaces de competir?
Y, del otro lado del mostrador: ¿puede confiarse exclusivamente en el mercado para distribuir los beneficios de una transformación tecnológica capaz de reemplazar determinadas tareas humanas a una velocidad desconocida hasta ahora?
Esas son preguntas políticas en el sentido más antiguo de la palabra.
No son necesariamente preguntas de izquierda ni de derecha. Mucho menos propiedad de Milei, Villarruel, el peronismo, el radicalismo o cualquier otra familia política argentina. Son preguntas de la pólis porque afectan a quienes viven dentro de ella.
La Inteligencia Artificial agrega además una particularidad formidable: esta vez la revolución no llama solamente a la puerta de la fábrica.
Entra también al banco, al estudio jurídico, al periódico, al hospital, al comercio, a la escuela, al transporte, a la administración pública y hasta al pequeño escritorio desde donde alguien lleva las cuentas de un negocio familiar.
La máquina industrial reemplazó principalmente fuerza física. La nueva revolución puede reemplazar también determinadas funciones intelectuales.
Por eso discutir quién se queda con el llamado “dividendo digital” no constituye una exquisitez académica. Significa preguntarse quién recoge los beneficios del aumento de productividad y quién paga la factura de la transición.
Villarruel ofreció en Madrid su respuesta: intervención pública, apoyo a las PyMEs, industrialización y centralidad del trabajo, pero sin convertir la asistencia estatal permanente en sustituto del empleo.
El Gobierno de Javier Milei ha sostenido una concepción distinta acerca del tamaño y de la intervención del Estado, basada en la desregulación, el equilibrio fiscal y una mayor confianza en los mecanismos del mercado.
La diferencia existe.
Presentarla solamente como otra pelea entre Presidente y vicepresidente sería, sin embargo, desperdiciar la oportunidad de discutir el asunto importante.
Porque dentro de algunos años probablemente importe bastante menos quién se sentaba y dónde en 2026. Importará, en cambio, cuántos empleos desaparecieron y cuántos nuevos fueron creados; qué empresas consiguieron adaptarse y cuáles quedaron en el camino; y, sobre todo, quién terminó apropiándose de la riqueza adicional producida por las nuevas tecnologías.
Ahí regresa nuestra vieja palabra.
Pólis.
Los muchos.
La comunidad.
La política nació para ocuparse precisamente de aquello que ninguno de esos muchos puede resolver completamente por sí solo.
Después llegaron los partidos, las campañas, los asesores, los eslóganes, los hashtags y esa extraordinaria industria moderna dedicada a conseguir que una frase de veinte segundos sobreviva hasta el informativo de la noche.
Pero todo eso vino después.
Primero estaba la ciudad.
Y dentro de ella, la gente.
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