Italia: El Gobierno de Giorgia Meloni presenta su reforma electoral como garantía de estabilidad. La oposición sospecha algo menos solemne: que la mayoría está tomando las medidas del traje que desea vestir después de las elecciones de 2027.
Italia conoce demasiado bien las crisis de gobierno, las alianzas improvisadas y los matrimonios parlamentarios que duran menos que el banquete. Por eso, cuando alguien pronuncia la palabra estabilidad, el ciudadano escucha con comprensible esperanza.
El problema comienza cuando la estabilidad deja de ser un objetivo institucional y se convierte en una ventaja confeccionada para quien ya ocupa el Palazzo Chigi.
La reforma impulsada por la coalición de Giorgia Meloni sustituiría el actual sistema mixto por uno enteramente proporcional. Si una alianza supera el 42 por ciento de los votos, recibiría un premio de mayoría: 70 diputados adicionales y 35 senadores, con un límite total de 220 bancas en la Cámara y 113 en el Senado. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y debe completar su recorrido en el Senado.
Sobre el papel, el argumento parece respetable: quien gana debe poder gobernar. Pero la pregunta democrática no es solamente quién llega primero, sino cuánto puede llevarse quien llega primero y con qué porcentaje real de respaldo ciudadano.
Con el sistema propuesto, una coalición que reúna poco más de cuatro votos sobre diez podría obtener una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar con holgura. No sería exactamente una falsificación de la voluntad popular; sería algo más refinado: una traducción muy generosa.
El asunto resulta todavía más delicado porque desaparecen los distritos uninominales —donde el centroizquierda podría resultar competitivo, especialmente en el sur— y vuelven a discutirse modificaciones como el eventual balotaje y las preferencias dentro de las listas. La ley que debía traer certidumbre continúa cambiando mientras los partidos calculan quién gana y quién pierde con cada botón que se agrega al chaleco.
Meloni no ha inventado esta costumbre. Italia posee una larga tradición de reformar la ley electoral mirando de reojo las encuestas. La izquierda y la derecha han recurrido, en distintas épocas, a la ingeniería parlamentaria. Pero los malos antecedentes no otorgan certificados de buena conducta: demuestran precisamente por qué las reglas deberían acordarse lejos de la calculadora electoral.
La primera ministra tiene derecho a buscar la reelección. También puede defender que su coalición ha proporcionado al país una estabilidad poco frecuente. Lo que no conviene es confundir ambas cosas. Una democracia estable es aquella donde el Gobierno puede perder sin que el sistema se derrumbe, no aquella donde el sistema se modifica para que el Gobierno difícilmente pierda.
La oposición denuncia una maniobra autoritaria. La palabra quizá sea excesiva mientras la reforma transita por el Parlamento, puede ser debatida y todavía no constituye ley definitiva. Pero la sospecha no es caprichosa: cambiar las reglas cuando ya se conoce el mapa de fuerzas transforma una reforma institucional en una operación electoral con membrete legislativo.
Las leyes electorales no deberían pertenecer a Meloni, a Schlein, a Conte ni a ningún propietario circunstancial del poder. Son las reglas con las que el ciudadano decide quién gobierna y, detalle que suele olvidarse en los palacios, quién debe marcharse.
Porque una mayoría conseguida en las urnas concede el derecho a gobernar. No concede el derecho a llevarse las urnas al taller para ajustarles la cintura.
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Fuentes consultadas: Reuters, ANSA, RaiNews, CISE–Universidad LUISS y prensa británica e italiana