Hay doctrinas que nacen para definir una política exterior. Otras parecen surgir después de un Mundial de fútbol. La célebre Doctrina Monroe proclamaba “América para los americanos”. La versión criolla podría resumirse con menos solemnidad y bastante más pasión: “Argentina para los futboleros que nos aplaudan”.
El nuevo DNU firmado por Javier Milei convierte los agravios contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios en causal para impedir el ingreso o expulsar extranjeros del país. El argumento oficial invoca la defensa de la Nación frente a una supuesta campaña internacional de hostilidad que, según el Gobierno, alcanzó su punto máximo durante la Copa del Mundo.
Resulta llamativo que una tormenta nacida en las redes sociales termine desembocando en un decreto migratorio. Las plataformas digitales son territorios donde la exageración, el insulto y la provocación constituyen casi un deporte olímpico. Gobernar a partir de esa espuma suele ser tan eficaz como intentar apagar un incendio soplando sobre las brasas.
La discusión tampoco es nueva. El Ejecutivo ya había impulsado un DNU de fuerte contenido antimigratorio que hoy permanece bajo revisión judicial luego de que fuera declarado inconstitucional en instancias inferiores. Ahora aparece una nueva versión que amplía las facultades del Estado para decidir quién merece cruzar la frontera y quién debe quedarse del otro lado.
Naturalmente, ningún país está obligado a recibir a quien promueva violencia o represente un peligro real para su población. Ese principio existe en prácticamente todas las democracias. La cuestión comienza cuando conceptos tan amplios como “odio”, “hostilidad” o incluso “ultraje” quedan sujetos a interpretaciones políticas que pueden variar según el clima del momento o el humor del gobierno de turno.
La paradoja es evidente. Un Presidente que hizo de la confrontación verbal una de sus principales herramientas políticas ahora propone sancionar a extranjeros por discursos considerados ofensivos. La libertad de expresión suele ser un derecho robusto cuando protege nuestras palabras; se vuelve sorprendentemente frágil cuando ampara las de los demás.
Mientras tanto, el Estado continúa ampliando la estructura destinada al control migratorio mediante unidades especiales distribuidas entre las distintas fuerzas federales. La seguridad es una obligación indelegable de cualquier gobierno. Pero la historia enseña que la eficacia institucional depende menos del tamaño del aparato que de la precisión con la que se utilizan sus atribuciones.
Quizá el verdadero desafío no consista en blindar las fronteras contra los comentarios destemplados de internet, sino en preservar la fortaleza jurídica de las instituciones frente a las emociones del momento. Porque los campeonatos terminan, las tendencias desaparecen y los hashtags envejecen con sorprendente rapidez. Los decretos, en cambio, suelen permanecer bastante más tiempo que los noventa minutos de un partido.
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