Hay decisiones que, por su sutileza, revelan más que los grandes discursos. La reciente aclaración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre la posible emisión de licencias para revender en Cuba petróleo venezolano confiscado por Estados Unidos pertenece a esa categoría: movimientos técnicos con consecuencias políticas de largo alcance.
La medida permitiría autorizar solicitudes específicas, bajo los términos de la Licencia General GL-46A, para comercializar crudo venezolano —venta, reventa, transporte, refinación— siempre que no beneficie a entidades vinculadas al aparato militar o de inteligencia cubano. Es decir, combustible sí; Estado, no.
El matiz es importante. Según la propia OFAC, los solicitantes ni siquiera necesitan estar establecidos en Estados Unidos, y no aplicarían las limitaciones habituales respecto a Cuba. El diseño parece nítido: abrir una rendija económica sin fortalecer a la estructura oficial.
El argumento declarado es apoyar al “pueblo cubano”, en particular al sector privado emergente. Una formulación que, en el lenguaje diplomático, suele equivaler a intentar separar sociedad y régimen como si fuesen compartimentos estancos.
Pero la energía no es un bien abstracto. En un país donde el sistema eléctrico está centralizado y el combustible atraviesa canales estatales, resulta casi metafísico imaginar un flujo de petróleo que alimente talleres y pequeños negocios sin rozar, directa o indirectamente, la arquitectura del poder.
La exclusión expresa de entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado confirma la intención de coherencia normativa. También subraya la paradoja: cada paso para aliviar la crisis exige una ingeniería legal cada vez más compleja.
No deja de ser significativo que, mientras se mantienen regulaciones que permiten exportaciones energéticas bajo ciertas excepciones humanitarias —con autorización previa del Departamento de Comercio—, se explore ahora el uso de petróleo venezolano incautado como instrumento de política hacia La Habana.
Todo ello ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y la consecuente reconfiguración del destino del crudo venezolano. El petróleo, que durante años lubricó alianzas ideológicas, pasa a convertirse en ficha de negociación administrada desde Washington.
La crisis energética cubana, agravada por la interrupción del suministro directo desde Venezuela, ha paralizado industrias y oscurecido ciudades. En ese contexto, voces académicas —como la del programa energético de la Universidad de Texas— sugieren que un gesto energético podría abrir una mesa de diálogo.
La hipótesis no es ingenua: ofrecer alivio como palanca de presión. Según esta lógica, la Administración Trump podría presentar el suministro como prueba de buena voluntad condicionada a reformas económicas o políticas. Ayuda y advertencia en un mismo movimiento.
A principios de mes, según reportes de Martí Noticias, el propio gobierno cubano habría autorizado importaciones de combustible por parte de empresas privadas. Si es así, la convergencia entre necesidad interna y flexibilidad externa dibuja un escenario inédito.
La pregunta clásica —Quis custodiet ipsos custodes?— resuena aquí con renovada ironía. Cuando el petróleo confiscado se convierte en herramienta de salvación parcial, y la sanción en vehículo de auxilio selectivo, el vigilante también administra la llave del alivio. Y entonces, más que nunca, conviene preguntarse quién vigila la coherencia de los que vigilan.
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