Ilustración original: Nicolás Maduro y Cilia Flores en la lectura de cargos por narcotráfico y armas, asistidos por sus abogados defensores.
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Durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York, Nicolás Maduro se presentó desafiante: dijo ser un “prisionero de guerra” y denunció haber sido “secuestrado” por Estados Unidos. Vestido con uniforme carcelario y auriculares de traducción, se declaró inocente de los cargos por narcotráfico y armas, y prometió recuperar su libertad.
La escena judicial tuvo eco inmediato en Caracas, donde un exadjunto suyo prestó juramento para reemplazarlo y anunció disposición a cooperar con Washington. El contraste fue brutal: mientras en Manhattan se leían cargos, en Venezuela se intentaba cerrar una transición bajo tutela internacional.
Desde la Casa Blanca, Donald Trump calificó la comparecencia como “un momento extraordinario en la historia”, pero enfrió expectativas de elecciones inmediatas. “Primero hay que devolverle la salud al país”, sostuvo, subrayando que un proceso electoral requiere condiciones que hoy no existirían.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos defendió la operación como una acción “quirúrgica de aplicación de la ley”, no como una ocupación ni un acto de guerra. China, Rusia, Brasil, Colombia, Cuba y España expresaron preocupación y condena; el Reino Unido, en cambio, remarcó el carácter corrupto e ilegítimo del régimen depuesto.
La ofensiva retórica no se detuvo allí. Trump amplió el foco a otros escenarios que considera parte de la esfera de interés estadounidense, al tiempo que desde Dinamarca se pidió tomar en serio —y frenar— las “fantasías de anexión” sobre Groenlandia. El mensaje fue leído como una advertencia estratégica más que como una boutade.
En paralelo, analistas energéticos sugirieron que una apertura controlada del sector petrolero venezolano podría presionar a la baja el precio del Brent en el mediano plazo, aunque advirtieron que reactivar la producción demandaría años y una inversión colosal.
Londres, por su parte, dijo que “no derramaría lágrimas” por el fin del gobierno de Maduro y reclamó claridad jurídica sobre la base legal de la redada. La discusión volvió así al eje central: legalidad, precedentes y límites del poder.
El episodio dejó además un saldo humano confuso. Cuba informó la muerte de decenas de efectivos que intentaron impedir la captura; también se reportaron víctimas civiles y heridos estadounidenses. En el banquillo, Maduro insistió en su inocencia. Fuera de la sala, el mundo discutía algo más grande: si se había abierto una nueva doctrina de fuerza o un caso excepcional con ambición de ejemplo.
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