Inglaterra
Graham Potter no es un agitador ni un ideólogo: es un granjero que vio desvanecerse cuatro generaciones de trabajo familiar en un Excel del Tesoro. The Grange, su finca de 500 acres en North Yorkshire, sobrevivió guerras, crisis, plagas y mercados traicioneros. Lo que quizá no sobreviva es el nuevo diseño del impuesto a la herencia que Rachel Reeves y Keir Starmer decidieron colocar como bandera ácida de su presupuesto.
Hasta hace un año, la granja marchaba con la firmeza silenciosa de todo campo bien trabajado. Los Potter habían dejado atrás ovejas y cerdos, abrazando cultivos de precisión y tecnología australiana. Nada hacía pensar en turbulencias. Hoy, en cambio, Graham está a 230 millas de su tierra, frente al Cenotafio, porque el Estado amenaza con arrancarle lo único que siempre supo hacer.
El cálculo es brutal y frío como la madrugadora escarcha inglesa: si su padre —86 años— transfiere la granja y muere antes de los 93, la familia queda debiendo £1,25 millones. No por un negocio fallido, sino por la estructura fiscal del nuevo laborismo. Y para pagar, tendrían que vender tierra. Pero cuando un agricultor vende tierra, no está liquidando un activo: está amputando el futuro.
Potter no es una excepción. Miles de familias británicas están en la misma encrucijada: seguir cultivando o extinguir el apellido agrícola. Y eso, en el Reino Unido, no es economía: es identidad.
A la escena se sumó un detalle revelador: la Policía Metropolitana prohibió la entrada de tractores a Londres. Oficiosamente por “perturbación grave”; extraoficialmente por un guiño del Nº 10 para evitar la foto que realmente duele: agricultores pacíficos, esposados, reclamando que no los destruyan. “Esposar las manos que te alimentan”, resumió uno de ellos. Difícil imagen de vender para un gobierno que dice gobernar para “los hombros más anchos”.
El ambiente en Whitehall no era de crispación sino de dignidad. Ni violencia, ni amenazas: solo trabajadores que conocen el valor del barro en las botas y del pan en la mesa. Pero en la narrativa laborista, hoy son casi enemigos: los que protestan, los que “molestan”, los que desentonan en el día del presupuesto.
Sin embargo, la realidad es al revés: los agricultores no buscan privilegios sino continuidad. Pagan impuestos, sostienen comunidades rurales, mantienen vivo un país que va perdiendo vínculos con su propia tierra. El problema no es su resistencia: es la ceguera de quienes los gobiernan.
“Continuaremos hasta que retiren estos planes”, dicen. No es una amenaza. Es una necesidad.
Porque sin agricultores no hay país.
Y sin país, no hay presupuesto que valga.
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