El Parlamento Europeo volvió a hacer lo que mejor sabe hacer cuando se trata de decisiones estratégicas: patear la pelota a Luxemburgo y esconder la mano. El acuerdo UE-Mercosur, después de un cuarto de siglo de vueltas, idas, cumbres y sonrisas diplomáticas, fue enviado al Tribunal de Justicia como quien manda un problema a depósito judicial para no hacerse cargo.
Ursula von der Leyen había firmado el texto con entusiasmo protocolar apenas días antes, pero el hemiciclo decidió que la letra chica importa más cuando la presión viene en tractor. Diez votos alcanzaron para congelar el proceso y regalarle a la Comisión Europea una bofetada institucional en público.
En Estrasburgo no hubo silencio solemne sino bocinazos. Miles de agricultores celebraron la votación como una final ganada, confirmando que en la Unión Europea el veto rural sigue siendo más rápido que cualquier tratado comercial. La soberanía alimentaria, concepto flexible, volvió a servir de escudo para el proteccionismo de siempre.
Bruselas pedía unidad frente a las amenazas externas —léase Washington—, pero el Parlamento optó por la fragmentación interna. La consigna fue clara: mejor dividir Europa que explicar un acuerdo impopular en campaña. El resultado es una UE que negocia como potencia global y ratifica como asamblea de vecinos.
La votación no respondió a ideologías coherentes sino a miedos nacionales bien localizados. Francia, Polonia, Rumanía y Grecia empujaron el freno; Alemania, España e Italia miraron el reloj. Los grandes grupos políticos se astillaron como vidrio barato, confirmando que la disciplina europea es un mito útil solo en los comunicados.
La izquierda y los soberanistas, enemigos en casi todo, descubrieron que el Mercosur es un excelente punto de encuentro. No por amor al campesino latinoamericano, sino por conveniencia electoral doméstica. El internacionalismo muere rápido cuando compite con el voto rural.
Ahora la discusión se disfraza de tecnicismo jurídico. La aplicación provisional del acuerdo aparece como la salida de emergencia que nadie quiere asumir en voz alta. Para unos es pragmatismo; para otros, un atropello institucional. En realidad, es la confesión de que Europa no sabe decidir sin pedir una prórroga.
Mientras tanto, América Latina observa el espectáculo con la paciencia de quien ya vio esta película. El mensaje es nítido: la UE firma, promete y luego duda. Y cuando duda, judicializa. No es comercio exterior; es terapia institucional.
Así, el acuerdo UE-Mercosur queda suspendido en el limbo europeo: ni muerto ni vivo, apenas archivado. Un monumento más a la incapacidad política de un bloque que se proclama global, pero se gobierna con miedo local.
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