En Bangladesh, las heridas nunca terminan de cerrar. La condena a muerte de la ex primera ministra Sheikh Hasina —dictada en ausencia y con su protagonista refugiada bajo el ala de India— sacudió a Dacca y volvió a encender calles que no habían terminado de enfriarse desde 2024. Un país partido en dos mira el veredicto como un espejo distorsionado: justicia para unos, vendetta política para otros.
El Tribunal Penal Internacional de Dacca sostuvo que Hasina fue responsable, por acción y omisión, de la represión de julio de 2024, que dejó 1.400 muertos y la expulsó del poder tras 15 años de gobierno firme, férreo y sin matices. El actual líder interino, el Nobel Muhammad Yunus, celebró la decisión como “histórica”. La ex premier la calificó de “parcial y políticamente motivada”. Ninguno sorprende: ambos juegan el rol que la tragedia les asignó.
La escena internacional también mueve fichas. Bangladesh pidió a India la extradición de Hasina, pero Nueva Delhi difícilmente regale semejante carta a Yunus. El silencio de Modi —cargado de prudencia estratégica— vale más que cualquier declaración. Cederla equivaldría a incendiar una frontera que ya arde.
No se trata solo de un juicio. Se trata del ajuste de cuentas de un país que viene acumulando tensiones sociales, familiares y simbólicas. Las protestas de 2024 comenzaron por un tema administrativo —las cuotas laborales reservadas a descendientes de veteranos— pero desembocaron en una explosión política de dimensiones tectónicas. Y nadie en el poder, ni antes ni ahora, parece haber aprendido demasiado.
La condena no fue solo para Hasina: el ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal también recibió pena de muerte, mientras que el ex jefe policial Abdullah Al-Mamun fue sentenciado a cinco años. En Dacca se desplegaron fuerzas especiales y las calles quedaron blindadas para evitar que la euforia popular se transformara en demolición literal: cientos intentaron derribar la casa-museo del padre de Hasina, el histórico Sheikh Mujibur Rahman.
Yunus, consciente de que gobierna sobre un volcán, llamó a la calma, a la prudencia y a la memoria. La ONU, por su parte, reconoció el valor jurídico simbólico de la condena, pero rechazó la pena de muerte. Como siempre, la diplomacia internacional a dos tiempos.
Así, Bangladesh entra en una fase aún más tensa: un país con un gobierno interino, una ex premier condenada en el exilio, India como árbitro involuntario y una población que celebra, cuestiona y teme al mismo tiempo. El fallo pasó; lo que viene es el desafío de gobernar los escombros.
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