La disposición del rey Carlos III a colaborar con la policía británica si se abre una investigación formal sobre la posible relevancia penal de la información que el entonces príncipe Andrés habría compartido con Jeffrey Epstein no es un gesto menor. La Casa Real rara vez entra en el terreno del escrutinio penal, y cuando lo hace suele ser para marcar distancias. Esta vez, sin embargo, el comunicado de Buckingham Palace parece admitir algo más profundo: el escándalo ha dejado de ser un problema de reputación privada para convertirse en un asunto de credibilidad institucional.
La breve declaración del príncipe Guillermo y Catalina —alineándose “con las víctimas” y evitando mencionar a Andrés— subraya la tensión entre el lenguaje del deber moral y la persistencia de una cultura de silencios. En las monarquías constitucionales, el prestigio es un capital político; cuando ese capital se erosiona por asociación, no hay protocolo que lo repare del todo.
En Estados Unidos, el silencio de Ghislaine Maxwell ante el Congreso y la insinuación de que solo declarará a cambio de un indulto presidencial revelan hasta qué punto la verdad se ha convertido en moneda de cambio. Más elocuente aún es la disputa sobre el formato del testimonio de Bill y Hillary Clinton: que la ex pareja presidencial reclame una comparecencia pública mientras los republicanos presionan por un interrogatorio a puerta cerrada no es un detalle procedimental, sino un mensaje político. En un caso que compromete a figuras de ambos partidos, la opacidad deja de parecer una garantía de rigor y empieza a leerse como una estrategia de control de daños. La sospecha —difícil de disipar— es que la penumbra no protege la investigación, sino a quienes temen que el foco termine iluminando también a Donald Trump y a otros actores incómodamente próximos al círculo de Epstein.
El impacto es inmediato en el Reino Unido. La dimisión de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a que sus vínculos con Epstein eran conocidos, expone una pregunta que va más allá de un nombramiento fallido: ¿qué umbrales de tolerancia ha normalizado el establishment frente a relaciones tóxicas cuando estas prometen acceso e influencia? Las renuncias en cascada dentro del entorno de Keir Starmer sugieren que la crisis no es solo de personas, sino de criterios.
La onda expansiva alcanza a otros países. En Noruega, la apertura de investigaciones contra figuras del ámbito diplomático recuerda que la red de Epstein no fue únicamente un circuito de abusos, sino también un entramado de poder blando donde filantropía, mediación política y acceso privilegiado se confundieron durante años. Las hipótesis sobre posibles vínculos con agencias de inteligencia, aún no probadas, añaden una capa inquietante: cuando el secreto se normaliza en nombre de la seguridad, la rendición de cuentas se vuelve más frágil.
Los archivos judiciales no revelan solo nombres propios; revelan un patrón. El problema no es la existencia de individuos corruptos —eso es una constante histórica—, sino la docilidad de las instituciones ante su proximidad al poder. La promesa de cooperación del rey Carlos III es un gesto necesario, pero tardío. La cuestión ya no es salvar reputaciones, sino restituir un principio elemental: que el acceso a los salones del poder no funcione como salvoconducto frente a la ley.
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