Madrid
La dimisión de Álvaro García Ortiz no fue un gesto de dignidad institucional: fue el ruido seco de un ladrillo más cayendo de un Gobierno que hace tiempo dejó de ser muralla y pasó a ser ring. El fiscal general, condenado por el Tribunal Supremo por filtrar datos confidenciales en un caso que tocaba de cerca a Isabel Ayuso, se marchó “por respeto”. Nadie sabe si al fallo, o a la tormenta política que él mismo desató.
El Gobierno minoritario de Pedro Sánchez, erosionado por escándalos propios, ajenos y adoptados, se aferra a la narrativa del complot judicial. Mientras tanto, el Supremo le recetó a su fiscal estrella dos años de suspensión, €7.300 de multa y €10.000 de indemnización al empresario afectado. No es una cifra que cambie un país, pero sí una que cambia un relato.
Ayuso celebró el veredicto como quien encuentra un cuchillo afilado en medio del bosque: “Usar el Estado para atacar a un rival político es de dictaduras”, dijo. En Madrid, ese mensaje no cae: se incrusta. El PP ya olió sangre y pidió, otra vez, la renuncia de Sánchez. En la derecha aguardan, con servilleta al cuello.
Del otro lado, los socialistas acusan a los jueces de erigirse como guardianes del destino nacional. El ministro Óscar López denunció magistrados convencidos de que deben “salvar la patria”. Sumar fue más lejos y habló de “golpe de estado judicial”. En España ya no se discute si hay polarización, sino quién la maneja con más precisión quirúrgica.
Sánchez insiste en la inocencia del fiscal y prepara camino al Constitucional, esperando que su mayoría progresista revierta lo que la mayoría conservadora del Supremo dictó. Dos Españas, dos tribunales, un solo conflicto: quién define qué es justicia.
Y como si el tablero no estuviera lo suficientemente cargado, el primer ministro encara investigaciones simultáneas sobre su esposa, su hermano y dos exmano derecha. Todo bajo un gobierno que prometió barrer la corrupción de 2018… y terminó barriendo hacia dentro.
Así, la dimisión de García Ortiz no es el final de nada. Es apenas la nueva piedra que rueda por una pendiente donde, tarde o temprano, alguien se quedará sin suelo.
Mientras tanto, España mira, discute y arde: un país donde la justicia acusa, la política grita, y el ciudadano paga las multas.
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