El Gobierno anunció con bombos y platillos la reglamentación de la Ley de Refugio N.º 26.165, presentada como un salto histórico hacia un sistema “moderno, garantista y transparente”. Suena impecable en el papel: rechazo inmediato de solicitudes infundadas, procedimientos ágiles, programas de patrocinio comunitario, respeto al principio de no devolución.
Hasta aquí, Champagne en las copas oficiales. 🍾
Pero para la gente de a pie, surge una pregunta inevitable:
👉 ¿De qué sirve un traje de seda si no tenemos cuerpo para llenarlo?
La frontera que nunca fue frontera
Argentina lleva más de dos siglos sin poder controlar eficazmente los 7.500 kilómetros de límites terrestres, en especial con Bolivia y Paraguay.
- Faltan gendarmes y prefectos.
- Falta radarización.
- Sobran pasos clandestinos donde pasan personas, mercaderías, drogas y ganado como si fueran simples transeúntes de barrio.
Si no hubo capacidad para cerrar esas heridas abiertas en el territorio, ¿qué posibilidades hay de aplicar un refinado sistema de asilo con controles quirúrgicos?
El costo de la modernidad… con deuda externa
Implementar la flamante normativa no es gratis.
- Capacitar funcionarios en derecho internacional.
- Mantener oficinas en frontera y en las grandes ciudades.
- Garantizar abogados y traductores.
- Procesar apelaciones judiciales.
Todo eso cuesta dólares. Y el mismo Estado que vive pidiendo prestado para pagar sueldos y jubilaciones ahora promete sostener un mecanismo sofisticado para clasificar refugiados según estándares de la ONU.
Lavado de cara diplomático
El comunicado oficial dice que “se salda una deuda histórica con la protección internacional”. Y tal vez ahí esté la clave:
- No se trata tanto de resolver la realidad interna, sino de mostrar hacia afuera un país civilizado, respetuoso de tratados, alineado con la comunidad internacional.
- En otras palabras: una carta de presentación para buscar crédito y respaldo político en los organismos multilaterales, más que una herramienta efectiva para quien toca la puerta en La Quiaca, Clorinda o Posadas.
Entre la letra y la realidad
Los riesgos son claros:
- Rechazos exprés que pueden dejar desamparada a gente con casos genuinos.
- Aplicación desigual, donde los casos mediáticos reciben atención y el resto se hunde en el papeleo.
- Estigmatización, porque la narrativa oficial mezcla refugiados con terrorismo y crimen organizado.
- Y sobre todo, falta de músculo estatal: sin recursos ni presencia territorial, la norma puede quedarse en un documento elegante y nada más.
Conclusión con salero
La reglamentación del refugio es como ponerle cortinas de terciopelo a una casa sin techo.
El gesto diplomático puede impresionar en Bruselas, Ginebra o Washington. Pero mientras tanto, en nuestras fronteras, la realidad seguirá igual: gendarmes que no alcanzan, radares que no existen, y miles de personas cruzando como si caminaran de una vereda a la otra.
En definitiva, la pregunta que late en la calle no es jurídica ni diplomática. Es la de cualquier ciudadano común:
👉 Si no pudimos controlar la frontera en 200 años, ¿qué chances hay de que ahora controlemos el asilo con un decreto?
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