En política, las biografías no solo se escriben con lo que se hace, sino con aquello de lo que uno intenta escapar. Nigel Farage lo sabe: pasó dos décadas en Bruselas denunciando un sistema al que pertenecía con entusiasmo salarial, antes de reinventarse como cruzado del Brexit. Ahora, ironías del destino, es Bruselas la que vuelve a tocar su puerta.
La justicia belga dictará el 5 de noviembre una sentencia clave en la investigación por fraude que involucra al Instituto para la Democracia Directa en Europa (IDDE), un think tank euroescéptico dirigido por Laure Ferrari, hoy pareja del líder de Reforma UK. La Oficina Antifraude de la Comisión Europea (OLAF) detectó presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos entre 2014 y 2016 y recomendó acciones penales.
Ferrari sostiene que todo se trata de una operación política, nacida —según ella— en “sectores hostiles del Parlamento Europeo”. Sin embargo, el caso está lejos de ser una disputa ideológica: los jueces analizarán gastos injustificados, contratos supuestamente direccionados y donantes premiados con beneficios opacos. Bruselas, cuando decide morder, no suele soltar.
Farage no está imputado ni investigado. Pero no es necesario estar sentado en el banquillo para sufrir un desgaste político. Su campaña para presentarse como un primer ministro “libre de escándalos y comprometido con la transparencia” ha recibido una bomba de humo que puede volverse permanente. Sobre todo porque el expediente judicial vuelve a vincularlo con un viejo universo que hoy reniega: las estructuras políticas europeas que tanto dinero le reportaron.
El caso, además, no llega en un vacío. Ferrari estuvo recientemente en los tabloides británicos por la compra en efectivo de una casa de £885.000 en Essex, operación que permitió a Farage esquivar el recargo fiscal sobre segundas residencias. Su respuesta fue torpe: primero dijo que la casa era suya, luego que era de ella, después que se había expresado mal. El resultado: más preguntas que respuestas sobre el origen del dinero.
El riesgo inmediato no es judicial, sino narrativo. Farage ha construido su poder sobre una idea sencilla: él habla “claro” mientras el sistema miente. Ahora es él quien debe explicar, con demasiadas precisiones contables, aquello que no encaja. Y cuando la política entra en modo calculadora, la épica se evapora.
Bruselas entregará su veredicto en noviembre. No será un terremoto legal para Farage, pero sí para su imagen: cada vez que denuncie corrupción ajena, alguien recordará que el viento también sopló en su casa. Y si algo detesta cualquier tribuno populista es perder el monopolio de la acusación moral.
En el tablero político británico, las causas judiciales no siempre definen liderazgos. Pero siempre revelan algo esencial: quién es capaz de sobrevivir a la verdad incómoda. Farage está a punto de averiguarlo.
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