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La Cámara Oculta… del matrimonio K

(Referida a la Cámara Federal en lo Penal que entendía en todos los crímenes del terrorismo)

Transcripción de una nota escrita por el Sr. Arturo Larrabure, relativa al diálogo mantenido por el Dr. Vigo Leguizamón con el Dr. Jaime Smart, detenido por el Régimen Kirchner.
La conversación forma parte del libro “Amar al Enemigo”, del siempre admirado Dr. Vigo Leguizamón.

Investigar cómo era, cómo actuaba, la calidad jurídica de quienes la integraban; cuántas vidas preservó; qué eficacia tuvo su accionar; cuántos fueron condenados, cuántos absueltos, no conviene. No contribuye a la “verdad mediática”. Desnuda culpas, gravísimas culpas; aquéllas imputables a quienes, a conciencia, la suprimieron.

Mejor que permanezca oculta, en la penumbra de la memoria. La prédica constante ha logrado su objetivo.

¿Quiénes recuerdan hoy que el país tuvo un sistema legal eficiente para combatir la subversión?

Felizmente algunos de sus jueces han sobrevivido y hoy nos es posible dialogar con el Dr. Jaime Smart, en pos de descubrir lo que se calla.

– Le agradezco Dr. la posibilidad de esta entrevista. Como le anticipé, estoy trabajando en un libro en pos de un diálogo de reconciliación nacional. Pretendo profundizar el análisis de lo ocurrido; descubrir las causas profundas. Me parece que el análisis es más vale superficial y los fenómenos que se creen superados pueden volver. Lo demuestra la tragedia de Kosovo; entonces es más que necesario y razonable penetrar en ellos. Sobre esa base se suele escuchar como una de las causas de lo que ocurrió, el haber malversado la labor que con tanto esfuerzo había hecho la policía y la justicia mediante la creación de la Cámara Federal en lo Penal durante el gobierno del Grl. Lanusse. Conforme lo que tengo entendido Ud. integró ése Tribunal.

– ¿Quiénes eran los camaristas que lo conformaban?
Fuimos nueve los jueces designados. La Sala 1a. se integró con los Dres. Ernesto Ure, Juan Carlos Diaz Reynolds y Carlos Enrique Malbrán. La Sala 2da. con los Dres. César Black, Eduardo Munilla Lacasa y Jaime L.Smart. La Sala 3ra. con los Dres. Tomás Barrera Aguirre, Jorge Quiroga y Mario Fernandez Badesich. Al año aproximadamente se jubiló el Dr. Barrera y lo reemplazó el Dr. Esteban Vergara. Los Dres. Ure, Black, Quiroga y Vergara se venían desempeñando como jueces de instrucción. Los Dres. Diaz Reynolds, Munilla Lacasa y Fernandez Badesich como jueces de sentencia. El Dr. Malbrán como juez de la Cámara Criminal y Correccional. El Dr. Barrera Aguirre como juez Federal de Córdoba y quien le habla como juez de la Cámara Primera en lo Penal de San Isidro. Los Fiscales fueron los Dres. Jorge Gonzalez Novillo, Gabino Salas y Osvaldo Fassi, los tres también experimentados funcionarios judiciales hasta ese momento.

– Todos hombres de una larga carrera judicial. Ello invalida las críticas que es posible leer en la crónica parlamentaria del 26.5.73, donde se sostuvo que todos los jueces fueron designados con posterioridad a su creación. Si bien eso puede haber ocurrido, es natural y lógico en todo nuevo órgano judicial que se crea.

– Ud. me está diciendo que eran hombres con toda una trayectoria en la justicia, que indudablemente fue valorada.
– Sí, el Ministro de Justicia de entonces, el Dr. Jaime Perriaux, fue el que concibió la Cámara Federal en lo Penal. Lo hace a raíz de varios gravísimos episodios guerrilleros; uno, el asalto en la zona de Pilar de un convoy militar procedente de la fábrica de armas de Villa María, donde muere el Teniente Azúa y los autores huyen con todas las armas transportadas; otro hecho fué la ocupación de la localidad de Garín, de gran repercusión porque durante varias horas los guerrilleros estuvieron a cargo del pueblo, matando a uno de los policías que custodiaba el banco; de parecida ejecución fué la ocupación de La Calera por Montoneros.
Estos episodios y algunos otros, crean la posibilidad de que el gobierno de Lanusse instaure la justicia militar para juzgar los hechos terroristas. A presiones de un sector del gobierno y de parte del ejército, el Dr. Perriaux decide plantear la posibilidad de mantener el juzgamiento de los guerrilleros dentro del sistema judicial, del estado de derecho. Era un hombre de gran experiencia, que conocía en profundidad lo que ocurría en Italia, España y en otros países europeos con el fenómeno del terrorismo. Su proyecto se adelanta a estas naciones. Propone la creación de la Cámara Federal en lo Penal con competencia en todo el territorio nacional para entender en acciones terroristas. De esta forma, busca solucionar los problemas de la justicia de ese momento, totalmente desbordada por los hechos guerrilleros y sin respuesta ante el terrorismo; las cuestiones de competencia trababan su accionar y con excepción de los implicados en el secuestro y muerte del Gral. Aramburu no se había logrado dictar ninguna sentencia. Perriaux, entonces, propone al Presidente Lanuse crear un tribunal con jurisdicción en todo el país que tuviera la posibilidad de entender en todos los hechos guerrilleros y modificando un poco el procedimiento, avanza en la modernización del proceso penal porque en la ley 19.053, que es la ley de procedimiento y creación de la Cámara, se mantiene la primera etapa del proceso como era hasta ese momento, escrito y sumario, pero se establece el juicio oral para la etapa final. Lanusse se convence y entonces Perriaux inicia la búsqueda de los que la iban a integrar, llegando a conformar la Cámara de esta manera. Comienza a actuar el 10 o el 15 de julio de 1971 -la ley de creación me parece que es de mayo- y se plantea, al poco tiempo. Creo que en la primer semana, una cuestión importante, sobretodo por las críticas que se le habían hecho, en el sentido de que entendería en hechos anteriores a su creación. Se trató del intento, no recuerdo si de la policía o del ejército, de que la Cámara se hiciera cargo del juzgamiento del terrorista Quieto, detenido por estar involucrado como jefe de la FAR en los episodios de Pilar y Garín. Pero ocurría que a Quieto lo habían detenido, pongámosle el 10 de julio y la cámara comenzaba a trabajar el 15 de julio. Cuando al Dr. Díaz Reynolds, a quien se le envían los antecedentes, advierte ésto, se declara incompetente, y el gobierno acata esta decisión. Poco tiempo antes a instancias del Segundo Cuerpo de Ejército, se intentó modificar la ley de creación, pretendiendo que tanto las fuerzas policiales como las militares que actuaran en hechos de terrorismo, tuvieran un plazo mayor que el que estipulaba el código vigente, para elevar las actuaciones. Conocido esto por los integrantes de la Cámara se hace saber al Poder Ejecutivo que si modificaba la ley de esa manera, los jueces no ibamos a jurar.

– ¿Y qué hizo el gobierno?
– Desistió de sancionar ese proyecto.

– Ud. mencionaba la actuación del ministro Perriaux y sus palabras son, precisamente, ratificadas por el mensaje de la ley 19.053, donde habla que sería demasiado prematuro y fácil dejar de lado el sistema jurídico para afrontar el desafío del terrorismo, trasluciendo, entrelíneas, la existencia de ésas dos tendencias. Una más dura proclive a utilizar otras metodologías y, por el otro lado, la firme convicción de él y del Presidente Lanusse, de seguir el camino legal. Mi pregunta es ¿por qué después lo abandonaron los militares?
– Bueno, para llegar a esa respuesta veamos los antecedentes. La Cámara actúa entre julio del 71 y mayo del 73. Ya en el mes de noviembre la Sala 1ª dicta su primer sentencia, recuerdo de una peligrosa terrorista. La Sala 2da sentencia para la misma época a penas de prisión superiores a los quince años a integrantes de Montoneros que actuaron en la provincia de Córdoba. A partir de allí se suceden los juzgamientos, donde lógicamente se dictan condenas y absoluciones de acuerdo a las pruebas recolectadas durante la investigación. Al momento de su disolución, el 25 de Mayo de 1973, la Cámara había dictado alrededor de 600 sentencias condenatorias y se encontraban a la espera de juzgamiento unos 500 terroristas más. La Cámara actuaba con gran rapidez. Por ejemplo, el secuestro y muerte de Oberdan Salustro, el Presidente de la FIAT, ocurre en abril del 72 y los autores son juzgados en marzo del 73. El homicidio del Grl. Sanchez es también de la misma época, y la sentencia se dicta en febrero del 73.

– Me detengo en lo que Ud. expresó respecto al número de detenidos. La semana pasada tuve oportunidad de dialogar con el Dr. Gil Lavedra y el recordaba que en la sentencia dictada a los Comandantes, la Cámara destacó la eficacia del tribunal que Ud. integró. Me decía que una de las demostraciones cabales de tal eficacia era el número de detenidos que fueron liberados a través de la amnistía y que, de alguna manera, habían podido tener un juicio justo; algunos fueron absueltos y otros condenados, pero todos estaban con vida. Por eso considera un error histórico muy importante haberla suprimido.
– Sí, hay dos cosas que señalar. La Cámara no sólo dictaba sobreseimientos cuando correspondía, o absoluciones, sino que además mantenía como abogados defensores a profesionales que pertenecían a la Asociación Gremial de Abogados, muchos de ellos con vinculaciones muy estrechas con las organizaciones guerrilleras. Pese a esto, siempre se los respetó; nunca hubo la más mínima queja de los abogados defensores; actuaron con toda libertad. En segundo término, ningún juicio -quedaron todos por escrito porque se conservó versión taquigráfica de todas las sesiones del juicio oral- fue motivo de revisión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal de alzada de la Cámara, no anuló o revocó ninguna sentencia. Las causas están archivadas en muy distintos tribunales, porque la Corte al hacerse cargo de la disolución del Tribunal las remitió a cada jurisdicción territorial.

– Yo recuerdo una carta que Ud. dirigió al Dr. Alfonsín, cuando el ataque del ERP al Regimiento de la Tablada, en la que citaba precisamente el juicio al Dr. Oberdan Salustro, como prueba de la ecuanimidad, del equilibrio con que el tribunal se manejó. Podría recordar un poco lo que decía Ud. en esa carta.
– Sí. Como dije el secuestro del Dr. Salustro ocurre en marzo de 1972 y permanece secuestrado unos quince días. El diez de abril de 1972 una patrulla policial irrumpe en una casa y sus ocupantes lo ultiman antes de huir por los fondos. Lo habían tenido en dos o tres lugares anteriormente. Se inicia entonces una causa donde yo creo que los detenidos eran quince, más o menos. Algunos habían sido detenidos días antes, porque todo comienza con un rastrillaje que se realiza en búsqueda de Salustro en la zona norte del gran Buenos Aires. Por esas casualidades que siempre ocurren, una patrulla policial llega a una vivienda y un oficial pasa por encima de un ropero la mano y cae un papel manteca. Lo mira, se lo pone en el bolsillo y se va, llevando detenido a una persona a quien le habían encontrado un arma de guerra. Cuando es analizado el papel se descubre que era el recorrido que habían previsto desde el lugar donde lo secuestraron a Salustro hasta casi la casa donde lo iban a mantener en cautiverio. Por supuesto una gran movilización y se llega a la casa, donde ya no estaba Salustro; lo habían sacado con motivo de ese rastrillaje, pero se detiene a los cuatro o cinco que allí habitaban. Luego se allana una vivienda de la calle Martiniano Leguizamón y se aprehende a casi diez miembros del ERP, entre ellos el Comisario Político de la célula secuestradora del industrial. La investigación de la agenda telefónica de éste último, permite llegar a una casa de la calle Castañares donde mantenían secuestrado a Salustro, no pudiendo evitar que sus captores, antes de darse a la fuga, lo ultimaran. Se detuvo a una mujer de nacionalidad brasilera. Se inicia la causa con el procesamiento de diez o quince personas, cerrándose la investigación sumarial en diciembre y ya en diciembre mismo se corre el traslado a la defensa, realizándose la audiencia oral a principios de marzo. La sentencia se dicta luego del triunfo del Frejuli, de eso me acuerdo bien. Se impuso pena de reclusión perpetua a los cinco autores del secuestro; otras penas de diez o quince años y se dictó la absolución de cuatro o cinco mujeres. Estas penas duraron dos meses, porque el 25 de mayo del 73, incluso los que habían sido condenados a reclusión perpetua, salieron en libertad.

– Ud. señalaba en su carta que una de ellas era esposa o compañera de uno de los miembros del ERP, organización que obligaba a disolver el vínculo en caso que el cónyuge o el miembro de la pareja no participara de los ideales terroristas.
– Sí, esto surgía de las normas internas que se les secuestraban. Y en éste caso era así, pero el concepto del tribunal respondía al criterio tradicional de que las mujeres, salvo que existieran otras evidencias, no eran responsables de las armas y demás objetos que sus maridos o compañeros llevaban a sus casas. Precisamente en esta causa se dictó, por estas razones, la absolución de varias mujeres.

– Creo recodar que después de dictada la sentencia ocurrió algún hecho que permitió comprobar que la absuelta no era inocente…
– Sí, efectivamente. Como temíamos que los encausados provocaran algún escándalo, parecido al protagonizado días antes por los condenados por el homicidio del Grl. Sánchez se decide leerles la sentencia en la Alcaidía por medio un altavoz. Después nos enteramos que habían organizado un escándalo, porque, no sé como, habían entrado una bandera del ERP. Finalizada la lectura formaron militarmente en la Alcaidía. El Oficial Principal de la Policía, a cargo de la Alcaidía se les acerca diciéndoles: “Muchachos no armen lío” o cosa por el estilo, ingresando en la celda. En ese momento, el guerrillero de mayor jerarquía ordena a una de las mujeres absueltas entregar el pabellón. Esta mujer se acerca al policía y con un gesto muy enérgico, con las dos manos extendidas, de manera similar a como se procede en las fuerzas armadas, le presenta la bandera al oficial. Este, tocado por esta ceremonia militar, recordaba haberse cuadrado al momento de recibir la bandera. Seguramente habían planeado desplegar la bandera en la sala de audiencias.

– Creo haber leído que la absuelta también formó.
– Ah sí, formaron todos, los absueltos y los condenados.

– Eso no fue obstáculo para que recuperaran los primeros su libertad.
– No, en absoluto, fue más bien anecdótico. Ante el relato del encargado de la Alcaidía no se hizo ninguna clase de averiguación, más allá de preguntarle qué había sucedido.

– Un claro ejemplo de como se respetaban las garantías individuales. ¿Y que participación había tenido el Dr. Alfonsín en ese proceso?
– El defensor de una de las implicadas era el Dr. Felipe Rodríguez Araya, con quien tenía yo bastante trato; incluso recuerdo que me obsequió un libro de su tío Agustín: “Si yo fuera presidente”. Cuando presenta su escrito de defensa lo hace con el patrocinio del Dr. Alfonsín quien no formaba parte del grupo de abogados, pero acompañaba esta presentación.

– Pero cuando después del ataque a La Tablada, Alfonsín dice que se va a poner al frente de la lucha contra el ERP, Ud. le pide que por ese antecedente ceda su puesto en el Consejo de Seguridad a otro funcionario de su gobierno.
– Sí, efectivamente en una nota de febrero del 1989.

– Doctor, Ud. me ha relatado hasta ahora casos concretos que demuestran cómo eran juzgados los detenidos y las garantías de que gozaban. Está claro que hubo un tribunal que juzgó legalmente a los terroristas. ¿Por qué los militares a partir de 1976 abandonan ese camino?
– Bueno yo creo que la explicación es ésta: antes de la Cámara Federal en lo Penal, la justicia federal común era la que tenía a su cargo la investigación de los hechos terroristas. Salvo el caso del secuestro y posterior homicidio del Grl. Aramburu, que en realidad fue juzgado por la Cámara de Apelaciones en lo Federal, no había podido dictar ninguna sentencia. Los terroristas, como se dice comúnmente, entraban por una puerta y salían por la otra. La Cámara, por supuesto, da un vuelco notable, incluso guerrilleros con los que tuve trato me comentaron su preocupación por el número de cuadros detenidos, porque para una organización guerrillera los detenidos se constituyen en un problema muy serio; deben mantener en alta su moral, dejando en claro que en cualquier momento los pueden liberar. Además tienen que seguir actuando y ocuparse, en muchos casos, de las familias de los terroristas detenidos, que se convierten en un peso para la organización. Cuando llega el 25 de mayo ellos tenían cuadros importantes detenidos. Si bien se habían fugado algunos de Trelew, seis o siete cabecillas, quedaban como 1500, algunos ya con importantes condenas. La amnistía de ese día los devuelve a la circulación. ¿Y qué pasa entre el 25 de mayo de 1973 y el golpe de marzo de 1976? Pese a que los hechos terroristas aumentan exponencialmente no se dicta ninguna condena en esos casi tres años. Repare que se cometieron hechos gravísimos como las ocupaciones de las unidades militares de Azul, de Villa María, de Catamarca, de Formosa y atentados de todo tipo. En ese período se detuvieron muchos terroristas, pero se volvió a la situación existente antes de la Cámara: los detenidos a los pocos días recuperaban la libertad.

– Si lo marcó FORES, en un recordado estudio sobre la labor de la justicia entre el 73/76. Me pregunto: ¿por qué ocurrió ello? ¿Faltó valentía, idoneidad, coraje para juzgar?
– No podría decirlo. Los jueces Federales se encontraban muy indefensos, la estructura no los ayudaba. A diferencia de la Cámara Federal donde los nueve jueces que la integrábamos nos acompañábamos y asistíamos mutuamente, los jueces federales estaban muy aislados. Los abogados defensores aprovechaban este situación de orfandad para presionarlos. Como le dije, en ese período se detuvo a muchos terroristas. Un episodio de la gravedad de la masacre de Ezeiza fue investigado por un juez local de Lomas de Zamora, que además tenía todas las causas propias de su jurisdicción. Resultado nada resultó de esa investigación. Firmenich fue detenido en ese interin y casi de inmediato recuperó la libertad. La amnistía de mayo del 73 creo que es la causante de muchos de nuestros males, porque se la dictó no con la convicción o la seguridad o las garantías de que los terroristas no iban a volver a las andadas. A los legisladores de ese momento, no les importó en absoluto las consecuencias que podían derivar. A, tal punto que a los terroristas no se les exigió la entrega de una sola arma, pese a que habían vaciado no hacía mucho el regimiento 141 de comunicaciones en Córdoba. Conservaron todo el armamento. Todavía mas grave es que no se les exigiera la libertad del Contraalmirante Alemán, secuestrado por un comando del ERP. Por esta razón, los terroristas se negaban a aceptar que habían sido amnistiados. Ellos lo consideraron siempre una liberación. Como no habían pactado ni aceptado ninguna condición, nada les impedía seguir actuando. Una amnistía requiere siempre una declaración de que no se va a seguir actuando. Y lo hicieron enseguida. Ya en el mes de junio del 73 se producen actos guerrilleros y en septiembre ocupan el Comando de Sanidad del Ejército, dando muerte al Tte. Coronel Duarte Hardoy.

– La jornada del 26.5.73 se recuerda generalmente por la ley de amnistía, pero lo notable es que el mismo día se disuelve además la Cámara Federal en lo Penal y se modifica a su vez el Artículo 80 del Código Penal para que en el futuro el asesinato de un juez o un miembro de las fuerzas armadas o de seguridad, no se penase con reclusión perpetua. La pregunta es: ¿Si como decían los políticos había llegado la paz, por qué suprimir el Tribunal; por qué modificar el artículo? ¿Había en algunos legisladores un plan premeditado en éste sentido? Las frases de Sueldo instando a la transformación violenta o pacífica, según las circunstancias; las de Sandler describiendo el abrazo de los liberados en un reencuentro de lucha, demuestran que tuvieron cabal conciencia de que iba a sobrevenir un baño de sangre.
– Nosotros como tribunal acostumbrado prácticamente a no tener trato con el Poder Ejecutivo y los legisladores, estábamos bastante aislados de esto, pero en alguna medida quisimos evitar lo que sucedió, alertando a algunos políticos. Por ejemplo, cuando circulaba una lista de los que iban a ser amnistiados, se le señaló a algún candidato la barbaridad de dejar en libertad a delincuentes comunes. Como la Cámara también entendía en el delito de tenencia de armas había juzgado y condenado a algunos delincuentes comunes. Uno de ellos el famoso prófugo francés de apellido Chiappe. Se le hizo saber esto a algún legislador y recuerdo que su respuesta fue terrible. Nos dijo:”Nosotros tenemos que ir con nuestro proyecto de amnistía mucho más allá que la otra fuerza política”. Puro electoralismo, demagogia irresponsable. Habíamos tratado a muchos terroristas. En la mayoría de los casos, eran gente muy decidida, fieles a sus convicciones; no eran drogadictos, como se los señalaba propagandísticamente. Tenían, algunas veces, alguna cuota de infantilismo y todos trasuntaban un fanatismo a toda prueba. Así que pensar que el 25 de mayo se iba a lograr la paz, era una utopía sin asidero, como quedó demostrado. Si hay algo que yo tengo que reconocer es que después, en los diarios del 73 al 76, encontré en cada uno de los episodios guerrilleros a los que yo había conocido.

– Siempre he dicho que existen “responsables ocultos del drama”. Acá se ha juzgado a un sector, lo que es condenable debe ser condenado, pero el primer pilar de la reconciliación cristiana es la verdad integral, y yo no he visto que existan dirigentes políticos que hagan su mea culpa. Lo paradójico, es que a la par del mea culpa de Balza hay otro de Firmenich, que se desconoce. Lo efectuó durante un reportaje que le hizo Jesús Quintero, el periodista español. Allí dice: “Videla y yo fuimos chivos expiatorios”. Y va más lejos reconociendo que: “la inmensa mayoría de los desparecidos eran montoneros”. Ello no significa que no merecieran un juicio justo, pero cambia el lenguaje, el análisis histórico, porque en la medida que eran combatientes sus padres tienen también que pedir perdón -a la par de exigirlo- por las muertes que ellos causaron.
– Claro. Yo le diría que el entendimiento nuestro con los guerrilleros partía de conocer cada uno el lugar que ocupaba y ellos estaban decidido a soportar todo y a morir. No nos hacían responsables a nosotros. Sabían que el aparato del Estado había decidido juzgarlos, la manera de combatirlos era el juzgamiento, al que señalaban como un prejuicio burgués. Una vez una guerrillera, hablando del tema recuerdo que me dijo: “A nosotros nos tendrían que matar, no tiene sentido todo éste esfuerzo para llevar adelante un juicio”. Formaba parte del ERP y no era un simple alarde. Ellos aprovechaban el juicio porque era una manera de conseguir cierta prensa, pero consideraban que estaban beneficiados con lo que el Estado había decidido hacer con ellos, un juzgamiento, una condena. Durante la vigencia de la Cámara no hubo ni un sólo desaparecido.

Precisamente Firmenich tiene en esa declaración una crítica hacia las Madres de Plaza de Mayo, porque dice: “Yo pude haber desaparecido y me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. Hombres capaces de elegir su vida y de dejar posibilidades laborales, intelectuales, artísticas muy prominentes, como es sabido, y otros que eran simplemente villeros, marginales, cuyas vidas era individualmente tan valiosas como las otras, lo han hecho a conciencia, con pasión de sacrificio, con patriotismo, con amor al prójimo y todo eso se transforma en una estupidez. No hay derecho, no hay derecho”.

– Qué interesante.
– Sí, porque es triste que se desnaturalice ésa imagen, a lo mejor por un interés político que ellos no hubieran tenido en vida; la prueba está en que los pocos que sobrevivieron reconocen su militancia. Es más de ésta declaración surge otro interrogante importante. ¿Algunos padres no negarán la militancia de sus hijos, para no tener que evaluar su propia responsabilidad como progenitores?

– Claro, claro, yo por ejemplo ví el otro día en televisión a una madre que intentando justificar a su hija desaparecida, reconoció que pertenecía al aparato de propaganda de Montoneros. Pero eso era integrar la asociación ilícita y en definitiva ser responsable de todas las muertes causadas por la organización. Cada uno ocupaba el lugar para el cual era más apto. Así como a ella le tocaba estar en el aparato de propaganda y difusión, a otro le correspondía llevar a cabo el atentado. A los médicos, por ejemplo, no lo utilizaban operativamente, sino para cubrir la posta sanitaria. Recuerdo que en la causa del Grl. Sánchez se condenó a un médico integrante del ERP, al que un día lo llamaron y le dijeron que a tal hora del día siguiente estuviera en una esquina de la ciudad de Rosario con un maletín de primeros auxilios. Si media hora después nadie lo había pasado a buscar se podía ir. Y así lo hizo, después se enteró que había participado como posta sanitaria en el asesinato. Como los autores no tuvieron ningún herido o baja, no necesitaron pasar a buscarlo por la esquina donde estaba apostado. Sin embargo fue condenado porque se entendió que pertenecía a la organización autora del atentado.

– Cuénteme cómo murió el Dr. Quiroga.
– El Dr. Quiroga muere un domingo. Lo pasan a buscar dos jueces amigos para ir a un espectáculo deportivo. Cuando él sale, de una moto desciende el acompañante quien lo acribilla, desapareciendo luego.

– ¿Fue después de la supresión de la Cámara?
– Sí. Los integrantes de la Cámara sufrieron cuatro atentados. El primero, durante la vigencia del Tribunal, fue contra el Dr. Malbrán, en el año 71. En la puerta de su domicilio lo hieren en las dos piernas, pese a lo cual pudo llegar hasta su casa donde se refugió. El segundo, es contra el Dr. Quiroga en abril del 74, quien muere a consecuencia del atentado. El tercero se produjo contra el Dr. Munilla Lacasa que salvó milagrosamente su vida huyendo en una bicicleta que pidió a un transeúnte. El cuarto fue el secuestro durante un mes y medio, en una cárcel del pueblo, del secretario general de la cámara, el Sr. Bianco. Pero a Ud. le interesaba el motivo por el cual las Fuerzas Armadas no reimplantaron la Cámara en 1976. Yo le diría que lo que pasa el 25 de mayo le dió razón a aquellos que en su momento pretendieron la justicia militar sobre los hechos terroristas. Cuando se produce el golpe del 24 de marzo del 76, me consta a mí, porque lo he conversado con el Grl. Saint Jean, se intentó, con ofrecimiento de cargos, no a mí porque yo ya había asumido como Ministro de Gobierno del Grl. Saint Jean, de crear una cámara federal de las mismas características. No se logró integrarla y entonces el intento fracasó. Además, cuando sucede el golpe del 24 de marzo los militares ya venían operando desde hace varios meses y la guerrilla había adquirido un volumen muy significativo con Tucumán a punto de ser declarada zona liberada. Cuando fracasa el atentado al Dr. Munilla Lacasa, la mayoría nos vamos del país. Yo me fui a Venezuela con el Dr. Munilla Lacasa, el Dr. Malbrán se fué a Perú, Ure y Diaz Reynolds a Uruguay, Fassi a Mexico. La desprotección fue muy grande, incluso hubo comportamientos del gobierno de Cámpora y de la nueva Corte de franco carácter persecutorio. Al personal con menos de tres años de antiguedad se lo cesanteó sin ninguna indemnización, al resto, por el hecho de haber aceptado en su momento integrar la Cámara, se lo degradó hasta dos cargos en el plantel, distribuyéndolos, también como sanción, en los lugares más inhóspitos del Poder Judicial.

– Supongo que tampoco esa gente u otra estaría dispuesta a integrar organismos de este tipo.
– Efectivamente, la cesantía de los jueces y la persecución del personal fueron mensajes muy claros dirigidos a quienes en el futuro tuvieran la idea de integrar otro tribunal similar. En marzo de 1976 estaba muy fresco el recuerdo de lo que las fuerzas políticas habían hecho con quienes aceptaron combatir a la guerrilla en forma civilizada. El mensaje que los legisladores enviaron a las Fuerzas Armadas fue muy claro: “Cuando nos devuelvan el gobierno, no queremos presos”. ¿Y por qué digo esto? Porque quedó demostrado que las fuerzas políticas no podían mantener presos a los guerrilleros ni un sólo día. Por eso digo que la amnistía del 25 de Mayo de 1973 fue el acto de irresponsabilidad política más grande de nuestra historia. Se imagina Ud. lo que hubiera sucedido el 10 de diciembre de 1983 si Alfonsín hubiera asumido con las cárceles llenas de terroristas. ¿A cuantos políticos uno oye lamentarse porque los terroristas del 73 al 76 no fueron juzgados?. Me pregunto: ¿Hubieran hecho en el 83 algo distinto de lo que hicieron en el 73? Recuerdo bien a una sargenta del ERP a la que recibí en mi despacho después del triunfo del Frejuli y a quien en un momento dado le digo: “Bueno, no le va a durar mucho esto” refiriéndome a su condición de detenida. Me responde:”No, no crea Doctor” ¿Cómo si ha ganado el Dr. Cámpora las elecciones?”, le señalé. Y me respondió: “Mire, nosotros pensamos que ahora van a salir los compañeros que no tienen causa -refiriéndose a algunos que estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo- y nosotros que tenemos causa, será el año que viene”. Siempre me acuerdo de eso porque el 25 de mayo ya estaba en la calle.

– La pedagogía de la violencia que hizo tanto daño. Yo precisamente en este libro aliento una idea: un diálogo de reconciliación entre Videla y Firmenich. Creo que la hora puede ser ésta; estamos al final de un siglo trágico, caracterizado por la violencia. El ejército ha hecho su mea culpa. Hay muchas críticas a Balza pero a mi modo de ver, no tanto por el mea culpa en sí, sino porque al no exigir el arrepentimiento paralelo de los sectores políticos, dejó a las Fuerzas Armadas en soledad. Sin embargo si este diálogo se pudiera realizar y participaran en él otras personalidades ante las cuales vengo exponiendo la idea, yo creo que muchas cosas que se desconocen podrían salir a la luz, tornando más factible discutir las causas profundas de lo acontecido. ¿Ud. ve positivo un diálogo de ese tipo? ¿Lo ve posible?
– No sé, no puedo hablar por el Grl. Videla. A Firmenich no lo conozco, no tuve trato porque no fue detenido en los dos años de funcionamiento de la Cámara, pero yo creo que debería generarse un mea culpa muy amplio, porque si no pasa como lo que Ud. señala. Las fuerzas políticas nunca quisieron reconocer la responsabilidad en la amnistía. Fue un acto de irresponsabilidad total y si alguien se anima a decirlo lo acusan de inmediato de desestabilizar la democracia.

– Es curioso que aún los propios Montoneros hacen su mea culpa, las Fuerzas Armadas también, mientras los sectores políticos permanecen en silencio creyéndose exentos de toda responsabilidad…
– En el libro de Pablo Giusani, “Montoneros la Soberbia Armada”, hay dos o tres cosas muy interesantes. Una es el mea culpa final donde él reconoce y cita a un periodista y también militante, Urondo, Paco Urondo, diciendo que él y otros Pacos Urondo pueden haber sido los causantes de haber impulsado desde el periodismo y otras actividades a muchos jóvenes idealistas a tomar las armas. Comienza con un recuerdo de una chica que concurre a una comisaría con el propósito de poner una bomba y le estalla en las manos. Es el mismo día de su cumpleaños. Entonces se pregunta ¿Quién programó a ésta niña de 17 o 18 años? Y allí es que hace esa referencia a los periodistas. La responsabilidad de muchos de ellos es innegable. El otro dato importante que da es que muchos de los que ahora figuran recién rompieron con Montoneros en el 1979, como si hasta ese momento Montoneros nada hubiera hecho. Pero ¿por qué rompen recién ese año? Porque acusan a Firmenich de excesivo militarismo. No por otra razón. Cuenta Giusani que en Roma, donde se había reunido la conducción superior de la organización a tratar el atentado a Walter Klein, se produce una escisión: para un grupo, el que finalmente se impuso, el atentado había que llevarlo a cabo aunque estuvieran los hijos de Klein; los que se oponían no lo hacían en consideración a los hijos menores de Klein… sino por la repercusión negativa que el hecho podía generarles. Por milagro se salvaron, muriendo personal doméstico y de custodia.

– ¿Ud. cree que si ambos sectores reconocieran los errores la sociedad abriría los ojos?
– Creo que sí.

Fonte: AFyAPPA – SalaStampa.Eu
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